Numerosos vecinos se acercaron en la tarde de este jueves a la ex Plaza Vélez Sársfield, para expresar, como está sucediendo en todo el país, su repudio al DNU con fuertes reformas económicas anunciado anoche por el presidente Javier Milei.
En un momento dado, alrededor de las 22, y con la excusa de despejar las calles y habilitar media calzada, la policía arrojó «gas pimienta» a los manifestantes y detuvo a varias personas en los forcejeos que se produjeron. La sorpresiva actitud represiva de las fuerzas policiales generó la indignación de los participantes de la concentración.
El despliegue policial frente al Patio Olmos, con efectivos de la Guardia de Infantería, fue desmesurado. En Patio Olmos, participantes de la concentración, asociaron el comportamiento policial en Córdoba, que se ajustó a instrucciones recibidas de la Justicia, a la aplicación de la versión local del «Protocolo» difundido hace una semana por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
Se habla de al menos cinco o seis detenidos, que fueron trasladados, según las primeras informaciones, a la seccional Primera de Policía, en Nueva Córdoba. El fiscal interviniente es Ernesto de Aragón.
Entre los detenidos está el joven Rodrigo Savoretti, periodista, egresado de la Facultad de Comunicación de la UNC, e integrante del colectivo «Enfant Terrible».
Según fuentes del Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación), el abogado del sindicato se abocó al caso y se presentó en la dependencia policial, para conocer las circunstancias de la aprehensión y pedir la inmediata liberación del periodista, afiliado al gremio.
La lista de manifestantes detenidos por la Policía frente al Patio Olmos, en momentos que participaban de la protesta contra las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei, se completa así: Juan Celli, Santiago Cabral, Rodrigo Savoretti, Agustín Savoretti y Maximiliano Ciambrella. Habría una sexta persona detenida, una joven, cuyo nombre no trascendió.
La convocatoria a movilizarse partió de de las redes sociales. Colectivos autoconvocados y distintas organizaciones sociales, de inquilinos, trabajadores, desocupados, jubilados, se acercaron frente al centro comercial, el lugar emblemático de concentraciones en Córdoba, para expresarse contra el mega DNU.
Repudios a la represión policial
Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), su secretaria General, María Ana Mandakovic, repudió todo cercenamiento al derecho de protesta, y exigió la inmediata liberación de todos los detenidos por manifestarse en Córdoba, frente a lo que consideró «un atropello a la democracia, un ataque abierto a derechos conquistados por el pueblo argentino, con modificaciones del Código Cilvil, de leyes laborales, de regulaciones múltiples, del sistema de salud, todo un conjunto de leyes que pretenden borrarse de un plumazo mediante el mega decreto del Presidente Milei».
Desde la agrupación HIJOS Córdoba se pronunciaron en repudio del accionar policial y pidieron la inmediata liberación de los detenidos.
Lo que informó el Ministerio Público Fiscal
La página oficial del Ministerio Público Fiscal, difundió un parte oficial, donde menciona los heridos tras la intervención de las fuerzas de seguridad en la concentración realizada en la noche de este jueves en Patio Olmos. «Una mujer que participaba de las protestas y cuatro efectivos de la policía de Córdoba resultaron heridos durante los incidentes que se registraron durante la protesta contra el DNU presidencial en la ciudad de Córdoba», indicó el MPF.
Y continúó: «La manifestación se desarrollaba con normalidad hasta que los participantes bloquearon toda la calzada en la esquina de Vélez Sarsfield y San Juan en pleno centro de la capital cordobesa. La Policía, con instrucción de la Fiscalía actuante, inició un diálogo para que dejaran abierto el tránsito en media calzada».
Según la Justicia, fueron los manifestantes los que iniciaron las refriegas. «Pese a los esfuerzos por disuadirlos, algunos manifestantes lanzaron elementos contundentes contra los efectivos. Finalmente la fuerza policial procedió a liberar media calzada. Se registraron cinco detenciones».
El “protocolo” que se aplica en Córdoba es “inconstitucional”
El abogado constitucionalista y especialista en derecho a la información y libertad de expresión, Miguel Rodríguez Villafañe, dijo que un juez tiene que fallar solo en casos concretos, por lo cual no es constitucional la regulación que hizo la Justicia referida a las manifestaciones callejeras. “No puede hacer una reglamentación general porque, no es facultad de los jueces regular o resolver más allá de casos concretos”, aseguró a La Nueva Mañana.
Y agregó: “Además, y acá está la clave, el artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice que la libertad de expresión debe ser regulada por ley”.
Hizo una reseña de cómo empezó en Córdoba el debate para “regular” las protestas en las calles. “Había un proyecto que presentó en su momento el legislador Juan Manuel Cid, referido a las protestas en la vía pública. Viendo el gobierno provincial que podía acarrearle costos políticos, en tanto había gente de acuerdo y otra que no, se le ocurrió esto de un Hábeas Corpus, que se presentó a un juez (el juez fue Juan Manuel Fernández López), que de ninguna manera era un caso concreto, sino en abstracto. Y el juez dictó una regulación para el caso de las marchas, que establece, entre otras cosas, la media calzada”.
Y amplió: “El juez se abocó, pero más que resolver en casos concretos, dictó una resolución regulatoria, ante la cual se constituyó un grupo, donde está representado el gobierno, la policía, y otros actores. Pero los jueces no pueden regular. La regulación la tiene que hacer el Poder Legislativo. Es inconstitucional, de la misma manera que es inconstitucional el protocolo que presentó la ministra Patricia Bullrich. Debe pasar por el Congreso, en el caso de Buenos Aires, o la Legislatura en el caso de Córdoba”.
En síntesis, el gobierno provincial tomó esto, y en un sentido práctico aparece cumpliendo lo que dispone la Justicia, “pero directamente está violando el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene, raigambre constitucional, artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, concluyó Rodríguez Villafañe.