Este miércoles a través del Boletín Oficial la Provincia informó un nuevo aumento en el servicio de agua, solicitado hace tiempo por la empresa Aguas Cordobesas.
En la Resolución 54 del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) se determinó la «aprobar la modificación de los valores correspondientes al denominado Coeficiente Regulatorio». Es decir que desde este miércoles el servicio tendrá un incremento del 13,14%.
Votos contra el aumento
La votación contó con varias negativas cuyos vocales expusieron sobre los discordancia de los aumentos acumulativos respecto a la escalada inflacionaria. En ese marco, Facundo Cortés previo a la votación indicó: «No puedo soslayar que de autorizarse el aumento en cuestión, la tarifa del servicio de agua potable va a experimentar una suba en lo que va del año 2022 acumulada del 56% aproximadamente, lo cual excede claramente el porcentual de la inflación de los primeros seis meses del año».
En ese marco, el vocal Walter Scavino, quien también se opuso a la medida indicó que se trata de «un golpe desproporcionado a los intereses económicos de los usuarios».
«En mi opinión, se sustancia aquí, una aplicación abusiva de las cláusulas contractuales en tan pocos meses, y una desatención al respecto, por parte del Estado», argumentó el vocal.
A su vez, Daniel Juez, quien cuestionó que el organismo responde «invariablemente de manera positiva» a las solicitudes que de modo sistemático la empresa concesionaria efectúa ante este Ersep, «olvidando acaso de exigir a su tiempo, que la misma presente y/o justifique las mayores tarifas no solo por el transcurso del tiempo y la inflación, sino que la misma acompañe a la solicitud de revisión tarifaria un plan de obras, para mejoras y/o reparación de las redes de agua potable instaladas o acordes a la mayor superficie construida por el crecimiento urbanístico de la ciudad de Córdoba».
Juez también indicó que el Contrato de Concesión «ha provocado un monopolio natural y protege al concesionario de otra competencia, le corresponde al Estado un fuerte papel regulador» y, en ese sentido, «es el responsable principal de tomar en consideración los cambios económicos que se van sucediendo a lo largo de la vigencia del contrato y que no existían al inicio de la concesión».