El proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con fondos fugados al exterior, que se presentó esta semana en la Cámara de Senadores, sumó la firma de la amplia mayoría del bloque oficialista del Frente de Todos.
La iniciativa había sido presentada el lunes con la firma de los titulares de la bancada, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, además de las del neuquino Oscar Parrilli, el rionegrino Martín Doñate y la bonaerense Juliana Di Tullio.
En las últimas horas, y luego de que el Poder Ejecutivo diera su visto bueno al tratamiento de la cuestión que arrancaría la semana que viene en comisión, otros 22 legisladores de la bancada, que tiene 35 integrantes, firmaron al pie del documento.
Se trata de Claudia Ledesma Abdala, de Santiago del Estero; Silvia Sapag, de Neuquén; Silvina García Larraburu, de Río Negro; Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, de San Luis; Lucía Corpacci y Guillermo Andrada, de Catamarca; Marcelo Lewandoski, de Santa Fe; y María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rhodas, de Chaco.
También los sanjuaninos Cristina López Valverde y José Uñac; los salteños Sergio Leavy y Nora Giménez; los tucumanos Pablo Yedlin y Sandra Mendoza; el riojano Ricardo Guerra, el porteño Mariano Recalde, el chubutense Carlos Alberto Linares, la santacruceña Ana María Ianni, la formoseña María Teresa González y el pampeano Daniel Bensusán.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».