La legisladora Luciana Echevarría, del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda (MST-FITU), denunció penalmente a Oscar González por malversación de recursos públicos y falseamiento malicioso de documentos públicos.
La denuncia hace referencia a delitos derivados del choque que el legislador de Hacemos por Córdoba protagonizó el 29 de octubre en el Camino a las Altas Cumbres, que devino en el fallecimiento de la docente Alejandra Bengoa y graves heridas en dos jóvenes.
A propósito de su presentación, Echevarría manifestó: «Lo que vimos las últimas semanas sobre este impune dirigente es realmente insultante para el pueblo cordobés. Oscar González cometió todo tipo de delitos antes, durante y después del crimen vial que protagonizó contra Alejandra, Alexa y Marina».
Echevarría hace referencia a «la utilización discrecional de vehículos asignados por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) para actividades que nada tenían que ver con su función legislativa», «la licencia de conducir obtenida en un lugar sin registro de antecedentes» y «las increíbles mentiras sobre el valor de sus bienes en sus declaraciones juradas».
Categórica, la legisladora de izquierda sentenció que González «debería estar preso e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos».
La legisladora del MST-FITU calificó la declaración jurada de Oscar González como «un verdadero escándalo». Detalló: «Declaró que el lujoso palacio que tiene en San Javier es más barato que un aire acondicionado, dijo que un departamento en Nueva Córdoba le costó $35.000, una cochera en el mismo barrio $20.000, un lote 10 centavos y otras cifras desopilantes».
Se trata de «una burla a toda la sociedad y además queda claro que miente porque no puede justificar el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes”, analizó.
Finalmente, hizo una valoración política sobre la situación: «Los privilegios, el manoseo de lo público y la impunidad no son patrimonio exclusivo de González, es una forma de hacer política que defiende tanto Hacemos por Córdoba, como la oposición de la UCR y Juntos por el Cambio. Por esta razón es que intentaron cuidarlo en la Legislatura y se negaron a apoyar la expulsión que solicitamos. Pero nosotros queremos llegar hasta el final y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta persona no ocupe nunca más un cargo en la función pública y pague por todas sus delitos y faltas».