El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la comisión homónima.
Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.
Entre los fundamentos de su iniciativa, JxC señaló que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez»
«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial», agregó.
Para la principal bancada opositora de Diputados, «habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio».
Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: «La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias».
«Si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias, quiere decir que se traslada su responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta», remarcó Negri al exponer en la Comisión.
Por su parte, López dijo que «el juicio político que promueve el Frente de Todos (FdT) contra la totalidad de los miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) representa una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático».
También aclaró que «la posición conjunta de JxC no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados», en alusión a Lorenzetti y al expediente complementario presentado por su fuerza política.
La propuesta de JxC, al igual que la del FdT, que pidió la admisibilidad de los pedidos de juicio político , serán puestas a consideración del plenario de la comisión al final las fundamentaciones de los diputados.
Para Negri, «la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias»
Negri insistió en que «la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias». «Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño; las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real», remarcó el cordobés al exponer en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, señaló: «Nunca vi que se desoya con tanto barbarismo a alguien. Está finalizando este ciclo de 16 años de confrontación (con la Justicia) y ahora le declararon la guerra contra la Constitución, esa es la verdad de la milanesa».
«Según el Presidente, él y los gobernadores hicieron la denuncia. Pero, en realidad, 14 diputados la hicieron. Ningún taita de los gobernadores ni el Presidente firmaron nada. ¡A una denuncia se la firma, no se busca ventrílocuos!», añadió.
Negri sostuvo que «la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias» y sostuvo que «si esto fuera válido, cada juez estaría en un candelero permanentemente».
El diputado radical cuestionó, de esta forma, que los diputados oficialistas busquen avanzar contra los jueces por la sentencia que declaró inconstitucional la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, y por el fallo que admitió un amparo pedido por CABA en la disputa por los fondos de la coparticipación.
«La Corte ha declarado cientos de leyes inconstitucionales, porque es garante de que se cumpla la Constitución. Es mentira que se restableció una ley derogada. La ley de 1997 del Consejo de la Magistratura siempre estuvo vigente y la ley de 2006, que fue declarada inconstitucional, era una modificatoria», argumentó.
En ese sentido, agregó: «Hubo reformas que fueron declaradas inconstitucionales, por eso el texto que queda en vigor es el de 1997. La Corte no está legislando, no está reemplazando al Congreso».