A través del abogado que las representa, Carlos Nayi, las madres de bebés sanos fallecidos en el Hospital Materno Neonatal, solicitaron al fiscal de Instrucción Raúl Garzón, que los probables delitos que se investigan sean encuadrados en su modalidad institucional y de violencia obstétrica; de acuerdo a lo que establece la Ley 24.685 que promueve la erradicación de las violencias hacia las mujeres y a la Ley de Parto Respetado número 25.929.
El escrito presentado por el letrado afirma que del material que consta en la causa a partir de las testimoniales receptadas, las declaraciones de los imputados y la prueba documental obrante, se observa la absoluta compatibilidad de los hechos vivenciados por las víctimas de la causa con la violencia obstétrica e institucional, ya que fue ejercida por funcionarios del Estado, abusando de su posición y el ámbito de actuación para violentar a las mujeres de forma física, psicológica y verbal como así también simbólica.
Nayi fundamenta su pedido al advertir que la violencia institucional se desprende de que «las víctimas de los hechos investigados en la presente causa sufrieron violencia física, psíquica y simbólica por parte de agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, en su ámbito de actuación, buscando garantizar su impunidad desde su lugar de poder y asimetría frente a las ciudadanas que tenían como pacientes».
«No resulta menor el lugar en el que se suscitaron los hechos delictivos, esto es, en el Hospital Materno Neonatal ‘Dr. Ramón Carrillo’, un centro de salud pública reconocido dentro de la Provincia de Córdoba en donde mujeres en un especial momento de vulnerabilidad quedan a disposición de los médicos y enfermeras del lugar a la espera de recibir un tratamiento adecuado», indica el escrito.
Agrega que es menester «ponderar la especial calidad de agentes y funcionarios del Estado que revisten los imputados de los hechos delictivos investigados y la trascendental importancia de sus investiduras para desde ese lugar de poder y asimetría frente a las víctimas, construir mendaces versiones de lo ocurrido y orquestar una serie de actos tendientes al liso y llano encubrimiento de la verdad real de los sucesos en torno a la muerte de bebes extremadamente vulnerables que se encontraban en su órbita de custodia y control».
En cuanto a la violencia obstétrica, apunta que «las madres fueron víctimas de prácticas deshumanizantes como la omisión de la atención oportuna y eficaz, la obstaculización del apego precoz sin que existan razones médicas urgentes y justificadas, la falta de información, insensibilidad al dolor que estaban sintiendo como así también recibieron regaños, burlas, ironías, amenazas, insultos y juicios subjetivos cuyo único objetivo era humillar, coartar o minimizar a las pacientes».
La presentación del letrado solicita que este encuadre propuesto se haga extensivo a todos los imputados.