La CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y partidos de izquierda se congregarán este miércoles, en una manifestación que se movilizará hacia el edificio de Tribunales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial que implica una profunda desregulación de la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, ante la cual el Gobierno advirtió que utilizará «todas las medidas de disuasión» a su alcance, entre ellas el protocolo de orden público.
La concentración fue convocada por la CGT a las 11, frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación de una serie de medidas cautelares que frenen los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei y presentado el miércoles pasado en un mensaje difundido por cadena nacional.
La CGT expresó en los últimos días su rechazo al decreto y para enfrentar esa decisión convocó a los trabajadores a marchar hacia Tribunales. Además, anunció que este jueves reunirá al Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración.
Junto a la CGT también se movilizarán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la CTA Autónoma (CTA-A) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que al reclamo de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial.
En tanto, también anunciaron que macharán a Tribunales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera.
«Todas las medidas de disuasión»
Entre las «medidas de disuasión» que el Gobierno dispondría ante la protesta sindical, el portavoz presidencial Manuel Adorni le recordó a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes «se sientan extorsionados para ir a movilizarse», mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado «a la reflexión a quienes tienen planes sociales», al afirmar que «el que corta una calle, no cobra».
Tanto Adorni como Bullrich, ambos en sendas ruedas de prensa, dijeron que se encuentra vigente el protocolo de orden público que el Gobierno que puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.
El protocolo antipiquetes prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad sin que necesariamente medie una orden judicial cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
Al respecto, Bullrich destacó que «hace 16 días que asumió este Gobierno» y la de mañana será «la tercera manifestación» en su contra. «En vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante», agregó.
